Hay algo profundamente inquietante y, al mismo tiempo, de una lucidez inapelable en este intercambio clásico entre Alicia y el fanfarrón huevo. Humpty Dumpty no solo reivindica el derecho a subvertir el diccionario; expone descarnadamente la tesis más radical del poder semántico: las palabras no valen por lo que nombran en el mundo, sino por quién detenta la autoridad de fijar su sentido. El significado no es un acuerdo sobre lo real, sino un trofeo de soberanía.
Si trasladamos esta escena al territorio de la educación institucional —al pedagogismo contemporáneo y a las sucesivas reformas que dictan los despachos oficiales—, el espejo de Carroll nos devuelve una mueca incómoda. ¿Cuántas veces el discurso educativo oficial opera exactamente bajo la lógica de Humpty Dumpty?
Del realismo de las cosas al decreto del significante
En la enseñanza tradicional de las matemáticas, de la lengua o de las ciencias, las palabras y los conceptos poseen un anclaje. Hay una realidad exterior, una estructura lógica o un rigor histórico que el alumno debe aprender a respetar. Decir que un triángulo tiene tres lados o que la demostración de un teorema exige una cadena deductiva estricta no depende de la voluntad del docente ni de los ánimos de la administración de turno; depende de la disciplina misma. El profesor ejerce una autoridad, sí, pero es una autoridad vicaria: sirve a un saber que está fuera de él, que lo precede y lo sobrevive.
Sin embargo, el pedagogismo burocrático ha abrazado con entusiasmo el nominalismo absoluto del huevo carpiano. En las últimas décadas, hemos asistido a una incesante mutación terminológica donde los términos clásicos son vaciados y rellenados a capricho institucional:
Lo que antes era «esfuerzo y memorización» pasa a llamarse «sobrecarga cognitiva innecesaria».
Lo que era «suspender o evaluar el nivel» se rebustece eufemísticamente como «promoción de competencias transversales inclusivas».
Lo que era la transmisión paciente de un legado cultural se subsume bajo el mantra tecnocrático de «aprender a aprender» o «acompañar en el autoaprendizaje».
Cuando se le objeta a la administración que estos cambios vacían de contenido real el trabajo en el aula —que los alumnos pierden destrezas básicas, cálculo elemental o capacidad de concentración sostenida—, la respuesta institucional suele adoptar el tono displicente de Humpty Dumpty: la cuestión no es si las palabras significan algo empíricamente comprobable, sino saber quién manda.
La escuela como territorio del «Bindestrich»
Frente a la arbitrariedad del decreto nominal, la verdadera escuela —esa institución compleja y paciente que se sitúa en medio de las modas, sin pretender ocupar el centro autoritario del mundo— necesita recuperar el respeto por la realidad de las cosas. La irrupción de la tecnología y de los discursos tecnocráticos en las aulas actuales nos sitúa ante un dilema crítico de co-pertenencia, un Bindestrich heideggeriano donde la escuela se halla con la técnica y con la innovación no para arrodillarse ante ellas, sino para mantener un espacio de resistencia y templanza.
Si permitimos que el lenguaje pedagógico sea un puro acto de voluntad política donde las palabras significan lo que el BOE o el último gurú educativo deciden que signifiquen, la escuela renuncia a su función más noble: ser el lugar donde el mundo se nombra con rigor, donde los conceptos pesan y donde los alumnos descubren que hay verdades que no se pliegan al humor del soberano de turno.
Frente al arbitrio de los despachos, la paciencia del aula. Porque en educación, como bien sabía Alicia, las palabras importan no porque mandemos sobre ellas, sino porque nos permiten asomarnos juntos a la realidad.